Recinto de Río Piedras estudia el desempeño de la Rama Ejecutiva

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Por: Norihelys Ramos Rodríguez

Ante la crisis fiscal que arropa al país, la eliminación o consolidación de agencias gubernamentales figura como una alternativa de ahorro de millones de dólares. Sin embargo, actualmente no existen criterios uniformes para decidir cuándo es necesario establecer o cerrar alguna de estas instituciones.

Es así que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Centro de Estudios Multidisciplinarios sobre Gobierno y Asuntos Públicos de la Universidad de Puerto Rico (CEMGAP) aceptaron el reto de evaluar el desempeño y la organización de la Rama Ejecutiva analizando las cinco agencias de gobierno principales: los departamentos de Salud, Educación y Justicia, la Administración de Familia y Niños, y la Policía de Puerto Rico.

Esta iniciativa, que establece lazos permanentes entre la academia y el gobierno, también creó oportunidades de investigación para estudiantes graduados interesados en la administración pública.

Los resultados del Estudio de la Organización y Desempeño de la Rama Ejecutiva fueron presentados por las profesoras Yolanda Cordero Nieves y Eileen Segarra Alméstica, y por el licenciado William Vázquez Irizarry, en el Aula Magna de la Escuela de Derecho del Recinto de Río Piedras, ante un panel reactor integrado por el exjuez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, el exportavoz de la Cámara de Representantes, Víctor García San Inocencio, y por el exsecretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Víctor Rivera Hernández.

En contraste con otros países, la estructura de las agencias en Puerto Rico no está definida legalmente ni aparece estipulada en la Constitución. Tampoco existen criterios para determinar qué tipo de agencia debe ser creada y, mucho menos, los procedimientos para conocer su desempeño. La única evidencia jurídica es cuando la Asamblea Legislativa crea un organismo nuevo.

Con una mirada histórica, los profesores mencionaron que mientras otras administraciones de América Latina y Europa reformaban su manera de gobernar, Puerto Rico adoptaba la retórica de moda, pero no tomaba las acciones correctas, como ejercer transparencia en el manejo de la información.

“El gobierno ha decidido, con poca información, qué agencias se quedan. Lo ha hecho en medio de una crisis porque necesita tener un dinero disponible. Porque en el momento que se tienen que tomar esas decisiones, no hay tiempo para ir a buscar la información; en el gobierno no es fácil encontrar la información”, explicó Cordero Nieves, investigadora de la Escuela Graduada de Administración Pública.

Según los hallazgos del estudio, prevalecen tres escenarios comunes sobre el acceso a la información en la Rama Ejecutiva. Primeramente, se recogen datos que no se utilizan para tomar decisiones sobre el uso de recursos o el desempeño de las agencias. Segundo, solo los programas que operan con fondos federales son evaluados por la información almacenada, y por último, en la mayoría de los casos no se recoge la información.

Actualmente, la Rama Ejecutiva de Puerto Rico está constituida por 114 agencias. Desde su creación en el 1952, ha experimentado una tendencia de crecimiento. Pero, como mencionaron los investigadores, ni el aumento ni la cantidad son criterios que determinan la labor eficaz en el gobierno.

Por lo tanto, es necesaria la creación de unos indicadores de desempeño con los cuales, de manera cuantitativa o cualitativa, se describan características y se establezcan comparaciones a través de los años. Los indicadores de desempeño tendrían un registro del cumplimiento de metas u objetivos, aunque no serían suficientes para los procesos de evaluación de las agencias.

Durante el coloquio mencionaron cuatro tipos de indicadores: eficacia, eficiencia, economía y calidad. Con ellos se tendría la capacidad de generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros, y se respondería de forma rápida y directa a las necesidades.

Además, recomendaron que la OGP promueva la evaluación a través de la capacitación del personal de agencias, reconozca programas que evidencien mejoras o progresos, y defina un listado de indicadores. También explicaron que se deben establecer guías que evalúen el uso de fondos estatales y federales, e incluir evaluaciones sobre la pertinencia del programa a implantarse y el establecimiento de las métricas para medir la efectividad.

“No estamos descubriendo nada nuevo. Son cosas que se han señalado por varios años. Encontramos informes que demuestran en lo que hoy estamos fallando”, destacó Cordero Nieves.

Sin embargo, proponen que se reconozca la importancia y utilidad de los indicadores en la toma de decisiones pues, al registrar la información y evaluar con métricas adecuadas, progresaría el desarrollo o reestructuración del sistema gubernamental del país.

Los hallazgos de esta primera parte del estudio fueron presentados el pasado 2 de diciembre del 2015 en la Aula Magna de la Escuela de Derecho de la UPR-RP.

Fotos: Gustavo Ramos

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