Clínica de Asistencia Legal de la UPR recibe fondos para ampliar servicios de asesoría legal a diversas comunidades de escasos recursos económicos

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Presidente FFAJ, Lcdo. José E. Colón Santana, y Directora Ejecutiva, Lcda. Amaris Torres Rivera, entregan subvención a la Directora de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Lcda. María L. Jiménez.

La Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico recibió  tres subvenciones de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia (FFAJ) específicamente para la Clínica de Desarrollo Comunitario, la Clínica de Prevención de Ejecución de Hipotecas y la Clínica de Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género, anunció la Decana Vivian I. Neptune Rivera.

“La realidad económica de Puerto Rico afecta en mayor proporción a quienes ven vulnerados sus derechos y no tienen los medios para retener representación legal. El apoyo de la Fundación Fondo Acceso a la Justicia a nuestra Escuela hace posible el servicio directo a quienes más lo necesitan”, manifestó agradecida la Decana Vivian I. Neptune Rivera.

Por su parte, la Directora de la Clínica de Asistencia Legal, Lcda. María L. Jiménez Colón dijo que “la Clínica de Asistencia Legal se honra en contar con el apoyo sostenido de la FFAJ para continuar ofreciendo representación legal a personas, grupos y comunidades marginadas, discriminadas o afectadas por la crisis económica”.  Añadió que “cuando una familia se enfrenta a un proceso judicial que puede culminar con la pérdida de su vivienda necesita un abogado que represente sus intereses y reclame los derechos que le asisten como consumidor.  De igual forma, la comunidad que se organiza para mejorar la calidad de vida de sus integrantes, debe contar con el acompañamiento de abogadas y abogados que faciliten trámites en las agencias y promuevan  la formulación de política pública que tome en cuenta sus necesidades”.  Agregó que “en el caso de las confinadas que pertenecen a la comunidad LGBTTQ+, la asistencia legal se encarga de destruir las barreras que invisibilizan su existencia y reclamar el derecho a la rehabilitación que garantiza nuestra Constitución.”

La profesora María Hernández de la Clínica de Desarrollo Comunitario se expresó satisfecha de los fondos recibidos ascendentes a $53 mil para ofrecer servicios legales con sus estudiantes a varias comunidades entre enero a junio del 2020. Dijo que “las organizaciones en comunidades de ingresos bajos suelen tener las mismas necesidades que cualquier organización, con la única diferencia de que no cuentan con los recursos económicos para pagar por servicios legales conducentes a recibir el asesoramiento que les mantenga en cumplimiento con los requisitos que le impone el Estado y las leyes bajo las cuales se organizan”.  Añadió que “con la subvención recibida de parte de la Fundación se hará posible el asesoramiento de forma gratuita y por ende, colaboramos como Clínica de Asistencia Legal para que puedan cumplir con los objetivos para los cuales se organizan”.

Mientras que el profesor Ricardo Ramos señaló que “la Clínica de Prevención de Ejecuciones de Hipotecas podrá continuar ofreciendo sus servicios a la población de deudores hipotecarios que enfrentan posibles acciones judiciales en contra de sus propiedades”. Agradeció la subvención de los nuevos fondos aprobados recientemente por la Fundación Acceso a la Justicia, Inc., los cuales “nos han permitido ofrecer servicios de carácter invaluable para esa población durante los pasados tres años”.  “En estos momentos de tanta necesidad e incertidumbre agradecemos la aportación de la Fundación, ascendentes a poco más de $60 mil la que es imprescindible para continuar con los servicios de los estudiantes de su Clínica hasta junio de 2020”, dijo entusiasmado el profesor Ramos.

Los fondos aprobados para la Clínica de Discrimen por Orientación Sexual e Identidad de Género que dirige la profesora Nora Vargas Acosta ascienden a $35,500 los que permitirán continuar ofreciendo ayuda legal en casos de naturaleza civil, de familia y a nivel administrativo a confinadas que enfrentan el discrimen por razón de género. Según la propuesta, estos fondos se utilizarán para ofrecer orientación, asesoramiento y representación legal a las confinadas, además de identificar y referir necesidades de representación legal identificando recursos cuando sea necesario y apropiado. Estos servicios presentan grandes retos distintos a quienes están en la libre comunidad y conlleva tiempo adicional al que de ordinario requiere una comunicación abogada/cliente.