Jueza presidenta Fiol Matta exhorta a graduandos de Derecho UPR a defender acceso a la justicia

Por: Rebeca J. Agosto Rosa

El recorte al presupuesto de la Rama Judicial atenta contra el acceso a la justicia y el desarrollo socioeconómico del país, afirmó la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Liana Fiol Matta, durante la ceremonia de investidura de los graduandos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras (UPRRP).

La oradora invitada aprovechó la oportunidad para exhortar a los futuros abogados a plantearse como norte el acceso a la justicia de los puertorriqueños en un momento donde se ve amenazado por la situación fiscal del país y el plan de recortes que contempla actualmente la Rama Legislativa.

“Cuando los tribunales no tienen suficiente presupuesto, el derecho al acceso a la justicia siempre sufre, aunque se tomen medidas para que el efecto negativo sea menor”, expresó.

“Les propongo que en el proceso de hacerse camino en nuestra profesión se guíen por la urgencia de proteger los derechos fundamentales y la posibilidad de acceso real a un foro donde se puedan resolver efectivamente los reclamos de todas las personas”, instó la jueza presidenta a la nueva generación de egresados de su alma máter, de donde se graduó hace 45 años.

Fiol Matta resaltó que la Escuela de Derecho ya los ha encaminado a defender la justicia social a través de iniciativas como los programas probono, las clínicas de asistencia legal y el proyecto Enlace, y los invitó a continuar aplicando su talento para abogar por las comunidades desventajadas e interceder en la resolución creativa de conflictos dentro y fuera de los tribunales.

Con su mensaje, la jueza presidenta quiso concientizar a los graduandos sobre los retos y responsabilidades que enfrentan al entrar en la profesión en este contexto. “Lo importante es que sean conscientes de lo que puede suceder, cómo les puede incluso afectar a ellos, como abogados y abogadas que quieren practicar el Derecho, y a sus clientes”, indicó a preguntas de la prensa.

“Cada cual tendrá su modo de apoyar el deseo de la Rama de seguir siendo operacional y seguir defendiendo los derechos del pueblo de Puerto Rico. No les impuse ninguna agenda, esto es una cosa individual. Cada uno de ellos que haga lo que entienda pertinente, pero que sean conscientes de lo que puede pasar”, aclaró la jueza presidenta.

La Rama Judicial necesita como mínimo 340 millones de dólares para operar, según reveló en una rueda de prensa luego de la actividad, mientras que el presupuesto bajo consideración le otorgaría 25 millones por debajo de esa marca.

“De no mejorarse el panorama presupuestario durante este proceso legislativo, me voy a ver en la necesidad de tomar unas medidas aún más drásticas” que traerían problemas al acceso a la justicia, como cerrar todas las salas municipales (ya clausuraron una docena) y algunos tribunales de primera instancia, reducir los horarios de servicios y disminuir la jornada laboral de los empleados, señaló.

La jueza expresó preocupación por las implicaciones de estas medidas para el futuro de programas e iniciativas como las salas especializadas para atender la violencia de género, los menores y los programas de mediación. También peligra el programa de las “Cortes de Drogas”, que ha sido muy exitoso en el manejo de este gran problema de salud pública, pues solo un diez por ciento de los participantes recae en la adicción.

Según explicó Fiol Matta, como consecuencia del cierre de tribunales y la relocalización de jueces a otras salas, los procesos judiciales se retrasarían y esto también llevaría a un deterioro de la imagen del país ante los inversionistas.

“¿Qué empresa va a invertir o a desarrollarse en un país que no le asegura un sistema de tribunales que le haga valer sus contratos en un tiempo razonable? ¿Cómo asegurar un sistema que atienda el problema de la criminalidad sin contar con tribunales en condiciones de atender los casos de manera oportuna?”, cuestionó.

El lunes próximo, la directora administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), la jueza Isabel Llompart Zeno, presentará la posición de la Rama Judicial sobre los recortes ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes.