Investigación analiza la transparencia municipal en Puerto Rico

Por: Margaret M. Ochoa Espinosa

En el 70 por ciento de las auditorías municipales llevadas a cabo por la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), hay al menos un hallazgo de corrupción, destacó el Dr. Gustavo J. Bobonis, catedrático asociado del Departamento de Economía de la Universidad de Toronto, durante una conferencia en la Escuela Graduada de Planificación del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR-RP).

Bobonis presentó los hallazgos del proyecto investigativo titulado “El poder de la transparencia: auditorías, desempeño del gobierno, y sus consecuencias para el bienestar ciudadano”, el cual trabaja junto al Dr. Luis Raúl Cámara, director del Programa de Estudios de Honor del Recinto, y otros dos colaboradores. “Investigamos el impacto que tienen las iniciativas de transparencia sobre el manejo de fondos y la administración de los gobiernos municipales, y cómo eso impacta el bienestar de la ciudadanía puertorriqueña”, explicó el profesor de economía.

Puerto Rico es un caso especial para estudiar puesto que es una de las pocas jurisdicciones donde hay información a largo plazo, de 25 a 30 años, para medir los efectos de las auditorías, señaló Bobonis. En otros países las iniciativas de transparencia llevan apenas de diez a quince años.

Entre los hallazgos del estudio, resaltó que las auditorías deben salir en momentos oportunos, uno o dos años antes de las elecciones, para que los electores o partidos políticos puedan utilizarlas. A corto plazo, las auditorías oportunas tienen el efecto de reducir los niveles de corrupción en un 67 por ciento porque la administración municipal se ve amenazada electoralmente y hace cambios. “A tiempo corto vemos mejoras en los niveles de empleo, en el área de la salud y un poco de progreso en tazas de crímenes no violentos”, comentó Bobonis.

Sin embargo, estos beneficios pueden llevar a que la administración sea reelegida, por lo que a largo plazo las auditorías publicadas a tiempo no necesariamente reducen la corrupción. “Uno imaginaría que en sitios donde hubo auditoría oportuna se saque a la administración si fue corrupta y se reemplace por una nueva para así asegurarse de una reducción en la corrupción futuramente, pero esto no sucede”, explicó el investigador. Al comparar municipios donde se hizo una auditoría oportuna con municipios donde la auditoría salió tarde, no se encontraron efectos a largo plazo en los niveles de corrupción.

En cuanto al mal uso de fondos públicos en los municipios, el estudio encontró fraude en la compra de bienes, suministros y servicios; patronazgo o evidencia de nepotismo; robo de recursos; y gastos extravagantes o innecesarios. Entre estos, los casos de fraude son los más relacionados con la corrupción. El profesor recalcó que hay hallazgos de mal uso de fondos públicos pero no necesariamente involucran corrupción. Por eso “se definió corrupta a la persona que se beneficia privadamente del uso de fondos públicos”, señaló Bobonis.

Un ejemplo de fraude en el mantenimiento de carreteras ocurre cuando hay que repavimentar y el costo requiere pasar por un proceso de subasta pública, pero el municipio divide el proyecto para no hacer la subasta (la ley establece que se haga una subasta cuando el costo excede los 40 mil dólares). Posteriormente se piden cotizaciones falsas, se le otorga el contrato a un contratista y no se puede saber cuánto era el gasto necesario para ese proyecto, explicó el catedrático.

La conferencia también abordó la poca “rendición de cuentas” por parte de las instituciones públicas de la Isla, presentó datos y gráficas de los hallazgos, y al final se abrió a las preguntas y comentarios de la audiencia.

El Dr. Gustavo J. Bobonis, catedrático asociado en el Departamento de Economía de la Universidad de Toronto, estudia la intersección de la economía política y la economía laboral. Sus proyectos de investigación en Brasil, México y Puerto Rico exploran cómo las relaciones políticas inciden sobre el desarrollo humano. Obtuvo un bachillerato en Administración de Empresas de la UPR-RP y un doctorado en Economía de la Universidad de California-Berkeley.