Argumentan que la Junta de Control Fiscal es mero alivio al déficit

Por Coral N. Negrón Almodóvar / @coral_negron

La incertidumbre, el miedo y las preocupaciones sobre la situación económica del País resonaron ayer en la mañana en el Anfiteatro 1 de la Facultad de Estudios Generales del campus riopiedrense.

Allí se conglomeraron decenas de estudiantes y personal docente y no docente con el afán de escuchar qué es la Junta de Control Fiscal y cuáles serían los efectos de su implantación.

“Ellos vienen a cobrar y se irán”, “y si no se pone la Junta, ¿entonces qué haremos?”, “los costos de matrícula subirán”, son ejemplo de las frases murmuradas entre los asistentes, quienes abarrotaron el pequeño espacio.

“Por ahí hay ideas contradictorias circulando. ¿O es que el gobierno gasta mucho o es que se ingresa poco?”. Así dio inicio la conferencia otorgada por el licenciado Carlos Quirós que abundó en las causas del estancamiento monetario actual, el informe Krueger y el impacto de la Junta sobre la autonomía de la Universidad de Puerto Rico.

Quirós comparó la relación de Puerto Rico con los bonistas con la de un ciudadano común con la banca privada. Dijo que cuando una persona va a solicitar un préstamo y presume de unos ingresos que no posee, termina endeudada y pagando más de lo que pidió prestado.

“La receta es la misma. Para que se preste más dinero se van a pedir ingresos mayores, menores gastos y venta de propiedades”, enunció. En el marco gubernamental, esto se traduce en aumento de contribuciones, despido de empleados públicos y privatización de servicios respectivamente.

Según el abogado, el gobierno local ha optado por repetir la mencionada fórmula sin éxito. A su entender, tanto la venta de la Telefónica como la privatización de la salud, del “Metrobus”, del Puente Teodoro Moscoso y las Navieras “agravaron la crisis”.

Sobre el informe preparado por la ex economista del Fondo Monetario Internacional, Anne Krueger, destacó que el enfoque es que los bonistas vuelvan a creer en la capacidad de pago de la Isla. No obstante, no provee un plan de desarrollo sustentable y económico más allá de “enderezar el país para tomar más dinero prestado”.

Mientras se explicaban las recomendaciones del documento (reducción del salario mínimo, disminución de días de vacaciones, recortes a la UPR, incremento de impuestos, entre otras), los presentes reían de manera sarcástica y comentaban, en respaldo al orador invitado, que las medidas no sacarían al País del aprieto fiscal en que se encuentra.

“El gobierno pensó: ‘si tenemos a Krueger de nuestro lado, vamos a tener credibilidad ante los bonistas’”, puntualizó Quirós, quien agregó que hubo intentos locales para aminorar la magnitud del problema (Orden Ejecutiva 2015-022), más tampoco fueron asertivos.

Tras estos acontecimientos, el congresista republicano de Wisconsin Sean Patrick Duffy presentó el proyecto HR 4900, que propone una Junta de Control Fiscal Federal como método de “responsabilidad financiera”. Sin embargo, para Quirós esto se trata de otro intento de amainar el déficit fiscal sin solucionar la matriz: impulsar crecimiento económico.

En la orientación se recalcó que en Estados Unidos sí se ha llevado a cabo esta estrategia, pero no en estados, sino en ciudades. Los casos de Nueva York, Cleveland, Filadelfia, Detroit y Springfield, Massachusetts, se mencionaron, pero solo se describió el alza en la matrícula de The City University of New York tras la institución de la junta.

La comparación que se llevó a cabo fue entre Washington, D.C. y la Isla ya que, por ambos no ser estado, están sujetos al poder plenario del Congreso. El abogado señaló que la misma tuvo un impacto “negativo” en las universidades y en los sindicatos.

Datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos revelan que en la actualidad el 18.2 por ciento de la población de la capital estadounidense vive bajo el nivel de pobreza mientras que en Puerto Rico es un 62. 6 por ciento.

“Ley Suprema”

Al intentar definir la Junta de Control Fiscal propuesta por el congresista, Quirós explicó algunas secciones del proyecto. Específicamente: que es un método que se antepone a cualquier ley local sin contar la voz de los puertorriqueños, que no hay posibilidad de demandar a los siete miembros que la componen, que Puerto Rico correrá con los gastos y que se perderá la facultad de aprobar el presupuesto.

“El que piense que esto de alguna manera nos va a ayudar, se levantará del golpe”, sentenció.

Respecto al impacto en la universidad expuso que se estima un recorte de 20 por ciento, el cierre de recintos (sin alternativas para los que no poseen transportación) y aumento en los costos de matrícula.

“Tenemos que re conceptualizar lo que es Puerto Rico y cuál es el país que queremos. Esta generación tiene que responder al llamado que le hace su contexto”, mencionó Quirós como el primer paso que deben dar los estudiantes para solucionar el problema.

Entre las alternativas expuestas está la moratoria y la reinversión del dinero economizado en transportación pública y servicios para la niñez; la auditoría de la deuda; la participación ciudadana en la toma de decisiones; la exportación; el turismo médico; el empresarismo local; la “reparación” por parte de Estados Unidos; el aumento del costo de matrícula a familias con altos ingresos; el uso de la UPR como consultor y la defensa del presupuesto de la universidad.

Repensar las prácticas pasadas

En otro foro efectuado ayer sobre el mismo tema, el doctor Iyari Ríos González, quien labora en el Instituto de Relaciones del Trabajo y el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, dijo que es preciso el aumento de contribuciones a empresas multinacionales radicadas en la Isla.

Por otra parte, el doctor José Caraballo Cueto, director del Centro de Información Censal del Recinto de Cayey, describió este momento histórico como la “Gran Depresión de Puerto Rico” y discutió la nocividad del salario inmutable.

“El salario real promedio es el mismo desde hace doce años…hemos seguido aplicando recetas ortodoxas recomendadas por los bonitas y no salimos del hoyo…las políticas de austeridad aumentaron pobreza y desigualdad”, determinó.

Caraballo Cueto contrastó el alto interés que se está pagando por la deuda (56%), número que, según él, es mayor al que pagan las corporaciones públicas de Detroit “declaradas en quiebra”.

El también profesor de administración de empresas enunció que los recaudos del Departamento de Hacienda por concepto de ingreso rondan entre los 5 y 5.5 millones y el pago de la deuda es su equivalente.

“Desde el mismo Fondo Monetario Internacional se ha dicho que la deuda es impagable”, incluyó.

Estos foros se llevaron a cabo a la par con otras orientaciones sobre la Junta de Control Fiscal en los recintos de Ponce, Mayagüez y Aguadilla. El miércoles, 26 de abril, continúan las charlas en Bayamón, Utuado, Cayey, Carolina y Ciencias Médicas.

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Fotos: Gustavo Ramos

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