Profesora presentó resultados sobre la rendición de cuentas en las políticas públicas de la salud mental de Puerto Rico

Por Ashley A. Torres Rodríguez
Estudiante Reportera
Oficina de Comunicaciones
Recinto de Río Piedras – UPR

Las políticas públicas de salud mental en Puerto Rico contienen una exigencia de rendición de cuentas, o transparencia,  la cual deben acatar en su implementación. Sin embargo, no hay una autoridad encargada directamente de fiscalizar su cumplimiento ni se le aplican sanciones a aquellas instituciones o individuos que no cumplan con esta responsabilidad.

Así quedó demostrado en una investigación realizada por la doctora Luz Mairym López Rodríguez, catedrática de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP). En la conferencia titulada La rendición de cuentas en las políticas públicas de la salud mental de Puerto Rico, presentó los resultados de su análisis sobre la Ley de Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, la Ley de Salud Mental de Puerto Rico y en el Reglamento para la implementación de la ley de salud mental.

Como modelo para su estudio, la profesora utilizó una investigación de la doctora Ixchel Pérez-Durán, titulada ‘Assessing formal accountability for public policies: the case of health policy in Spain’. En la misma, se identifican y limitan los componentes que pueden incorporarse en el análisis de la responsabilidad en cuanto a la rendición de cuentas de las políticas públicas, al proporcionar un marco analítico que puede utilizarse para medir y comparar los niveles de responsabilidad de diferentes tipos de políticas en diferentes contextos.

Según explicó la doctora López Rodríguez, el marco analítico evalúa la responsabilidad de una política pública a partir del grado de formalización y, específicamente, del cumplimiento de cuatro características de su marco regulatorio, que son: “el carácter específico, que involucraba el que contara con un marco regulatorio de rendición de cuentas y acceso a la información; el vinculante, con el que se establece una obligación legal y el contenido de las cuentas a rendir; el público, en el que se establecía la naturaleza pública de la información de rendición de cuentas y las evaluaciones que se producen en ese proceso; y, el de carácter autónomo, el cual se refiere a la existencia de un ente independiente a cargo del monitoreo de los procesos”.

Este análisis de la responsabilidad de las políticas públicas se llevó a cabo a partir de dos dimensiones: información/justificación y evaluación/sanción. La primera contiene elementos relacionados con la transparencia, los cuales incluyen la cantidad de información que el gobierno hace pública y los motivos a los que hace referencia cuando se justifica dicho contenido. Por otra parte, la segunda incluye elementos relacionados con la aplicación.

Tras estudiar las distintas políticas públicas de salud mental en Puerto Rico, la investigadora López Rodríguez halló que se clasificaron cuatro indicadores: uno específico, cinco vinculantes, uno público y uno autónomo. De estos resultados se desprende el que haya una mayor fortaleza en la dimensión de información y justificación, con un 76%, frente a la de evaluación y sanción, con un 42%.

Por lo tanto, la doctora afirmó que estos resultados reflejan el que sí hay una exigencia de transparencia en las políticas públicas de salud mental, pero no hay una autoridad fiscalizadora o las debidas sanciones para que se lleve a cabo. No obstante, se hizo la salvedad de que el estudio no evaluó si contenían los indicadores de rendición de cuentas necesarios en una política de salud mental, sino que identificó los que las mismas contenían.

Este estudio es el resultado de un proyecto de investigación auspiciado por el Fondo Institucional para la Investigación (FIPI), el cual se publicará en el Journal of Leadership, Accountability and Ethics. La presentación de la doctora López Rodríguez, ofrecida el mes pasado, formó parte del Ciclo de Conferencias del Centro de Investigaciones Sociales de la UPR-RP.